- Personas inscritas no podrán desempeñar puestos en la
función pública; aspirar a cargos de elección popular u obtener licencia
de conducir, entre otras.
La diputada Blanca Gámez Gutiérrez
propuso la creación de la Ley del Registro Estatal de Deudores
Alimentarios Morosos en el que se inscribirá a las personas que hayan
dejado de cumplir sus obligaciones alimentarias. Con ello se busca
garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de las niñas,
niños y adolescentes, así como su desarrollo y el ejercicio pleno de sus
derechos.
Las personas inscritas en el registro, no podrán
desempeñar puestos en la función pública Estatal o Municipal; obtener
licencias y permisos de conducir; participar como candidatas o
candidatos a cargos concejiles y de elección popular en el Estado o ser
aspirantes a cargos de jueces o juezas, magistraturas y Consejerías del
Poder Judicial del Estado.
La iniciativa también contempla que
en las solicitudes de matrimonio, el Registro Civil haga del
conocimiento si alguno de los contrayentes se encuentra inscrito en el
Registro de Deudores Alimentarios (REDAM), mencionando la situación que
guardan respecto de las obligaciones que tiene.
La coordinación y
emisión de lineamientos para la operación del Registro quedarán a cargo
del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
Blanca Gámez,
recordó que desde el año pasado el Congreso del Estado de Chihuahua
impulsó y aprobó la armonización de ordenamientos jurídicos, como la Ley
Electoral del Estado de Chihuahua, que entre otras cosas, considera
como requisito para acceder a una candidatura, el no haber incumplido
con alguna obligación alimentaria o con acuerdo o convenio derivado de
un Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos; por lo que esta
iniciativa busca dar cumplimiento a dicha obligación a través de la ley
que crea el Registro Estatal de Deudores Alimentarios.
Señaló que
a pesar de que tanto en tratados internacionales como en la
Constitución mexicana se deja en claro la obligación de las autoridades
de velar por los derechos de la niñez y, en consecuencia, establecer
políticas públicas que garanticen sus derechos, en México las cifras del
incumplimiento de las obligaciones alimentarias son muy poco
alentadoras.
De acuerdo con la organización “Mamás en Acción’’ y
con la ‘’Red por los derechos de la infancia en México”, ocho de cada
diez deudores alimentarios en el país no cumplen con su obligación de
dar alimentos.
Además, tres de cada cuatro niñas, niños y
adolescentes con padres divorciados, no reciben pensión alimenticia, es
decir 75% de este grupo, según datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI).
“A pesar de lo establecido por
la ley, en la realidad encontramos que las personas deudoras
alimentarias encuentran la manera de evadir sus responsabilidades,
realizando una serie de conductas ilícitas y aunque estas conductas
están tipificadas en materia penal, son sumamente pocas las denuncias y
las personas que se encuentran sujetas a un procedimiento penal y aún
menos quienes se encuentran purgando una sanción privativa de la
libertad por este delito,“ puntualizó la legisladora.
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