Pide Omar Bazán al Congreso local avale disminución equitativa de prerrogativas a Partidos Políticos

Presenta Punto de Acuerdo para que la legislatura se pronuncie a favor del Proyecto de Decreto mediante el cual Senadores del PRI proponen modificar diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos

*Reducir a la mitad el monto actual de las prerrogativas y de ahí, que el 50 por ciento se distribuya con equidad a los partidos políticos y el resto de acuerdo con el porcentaje de votos obtenido por cada uno en la última elección de Diputados federales.

El diputado Omar Bazán Flores presentó un Punto de Acuerdo para que el Congreso del Estado avale y realice las modificaciones que procedan, para reducir en un 50 por ciento las prerrogativas a los partidos políticos en año no electoral, es decir, las que corresponden para actividades ordinarias permanentes.
Lo anterior, dijo, en respaldo al Proyecto de Decreto que presentaron Senadores del PRI para modificar diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos.

La propuesta es reducir a la mitad el monto destinado a las actividades ordinarias permanentes y que el 50 por ciento se distribuya con equidad entre los partidos políticos y el resto de acuerdo con el porcentaje de votos obtenido por cada uno en la última elección de Diputados federales.

El también dirigente estatal del PRI coincide con la argumentación de los Senadores en el sentido de que es indispensable pasar de un sistema dependiente del presupuesto a uno basado en la participación de la sociedad que permita diversificar las fuentes del financiamiento, y al mismo tiempo garantizar transparencia, legalidad, equidad y pluralidad en las aportaciones.

Dijo que la iniciativa presentada por la Senadora Claudia Ruiz Massieu propone nuevos criterios para evitar que los partidos, una vez que se reduzca el financiamiento público, enfrenten escenarios de sanciones desmedidas por parte de las autoridades electorales administrativas que arriesguen su viabilidad o su participación en el proceso político.

Se contempla pasar de un sistema erario-dependiente a uno verdaderamente mixto que cuide con acuciosidad la procedencia de los recursos y sujete el régimen de aportación a estrictos controles de transparencia y fiscalización.

Se propone que los militantes y simpatizantes podrán hacer aportaciones en estricto apego a mecanismos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, equivalente al 0.1 por ciento del monto total del financiamiento público para actividades ordinarias.

Dijo que en cuanto al porcentaje de aportación que cada candidato podría realizar a la campaña electoral en la que participa, tenga como límite el 30 por ciento del tope de gastos establecido para la elección inmediata anterior del cargo para el cual se postula.

En la exposición de motivos del Punto de Acuerdo, el diputado Bazán aborda el incremento del financiamiento público a los partidos políticos en últimos años:

En 2016, 3 mil 953 millones de pesos
En 2017, 4 mil 059 millones de pesos
En 2018, 6 mil 553 millones de pesos y se añadió el financiamiento para las actividades tendientes a la obtención del voto.

En 2018 las aportaciones de financiamiento privado que cada partido podía recibir fue de 119 millones de pesos compuesto de aportaciones por militantes o simpatizantes, que corresponden a 85 millones y 33 millones, respectivamente.

Añadió el diputado Bazán que el objetivo de las reformas proyectadas es que “los procesos electorales y las actividades partidistas enfocadas en la consolidación de nuestra democracia se desarrollen en las mejores condiciones, con base en nuevos esquemas de financiamiento que no dependan de manera determinante del erario.”

El también dirigente estatal de PRI dijo que también debe ser regulado el tema de las multas a los partidos políticos cuando incurran en infracciones a las disposiciones que rigen su organización y funcionamiento, así como a las previsiones en materia de financiamiento y, particularmente, de las modalidades del financiamiento a los partidos políticos que proviene de fuentes distintas al erario.

“En distintos procesos electorales precedentes hemos sido testigos de la aplicación de multas exorbitantes a los partidos políticos, partiéndose siempre de la base del monto del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes.”

Por ello, abundó, es necesario generar medidas que sean acordes a la situación de cada partido, con el fin de evitar sanciones desmedidas que obstaculicen el cumplimiento de sus funciones constitucionales ante la hipotética inviabilidad financiera de sus actividades.

De esta manera, se proponen modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consisten en la reforma del artículo 456, a efecto de disminuir en un 50 por ciento el límite máximo aplicable al monto de las multas y sanciones que se impongan a partidos políticos derivadas de infracciones en el ámbito electoral.

Asimismo, se plantea ajustar al 25 por ciento el monto máximo de las reducciones de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda a los partidos políticos, derivadas de las sanciones mencionadas.

Este último planteamiento recoge, incluso, los criterios más recientes adoptados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo la aplicación de las multas impuestas a los partidos políticos nacionales y locales, en virtud de los dictámenes relativos a los ingresos y egresos de las múltiples campañas electorales de los procesos comiciales celebrados en el año electoral 2017-2018.

Omar Bazán reiteró que estos ajustes se consideran necesarios en el contexto de la reducción en el monto del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, a efecto de no comprometer la viabilidad financiera de los partidos políticos, reflejada en el oportuno cumplimiento de sus obligaciones en todos los ámbitos de la labor partidista, a partir del flujo de las prerrogativas mensuales que reciben.