La comunidad internacional reconoce que el cuidado familiar, o una solución alternativa que resulte adecuada y culturalmente sensible, constituye el ambiente propicio para el crecimiento, bienestar y seguridad del niño. La separación del niño de su entorno familiar debería considerarse como último recurso y ser considerada temporalmente. Diversos estudios indican que tanto las residencias públicas y privadas para niños, o las instituciones como orfanatos y pabellones psiquiátricos, no ofrecen un entorno familiar. Por consiguiente, estas instituciones no pueden reproducir la atención y el apoyo emocional que se brindan en ambientes familiares y que son prerrequisitos para el desarrollo cognitivo saludable. Sin embargo, en la actualidad, cerca de ocho millones de niños en todo el mundo viven en estos establecimientos, aun cuando se calcula que entre el 80 y el 90 por ciento de ellos cuenta con al menos uno de sus padres vivo. Los efectos físicos y psicologicos generados por la permanencia en instituciones residenciales, sumados al aislamiento social e insuficiente supervisión gubernamental, coloca a estos niños en situación de vulnerabilidad ante la trata de personas.
Los niños internados en instituciones, incluidas las instalaciones gubernamentales, pueden ser un blanco fácil para los tratantes. Aun en el mejor de los casos, las instituciones residenciales no consiguen satisfacer la necesidad de apoyo emocional que demandan los niños; un apoyo que generalmente reciben de los miembros de la familia o de sus cuidadores habituales, por quienes desarrollan apego. Los niños se vuelven particularmente vulnerables cuando los tratantes logran identificarlos y se aprovechan de esta necesidad de establecer un vínculo emocional que surge en ausencia de figuras paternas y maternas estables. Además, las rutinas rígidas y el aislamiento social de las instituciones residenciales les ofrecen a los tratantesuna ventaja táctica, puesto que pueden forzar a los niños a huir y, de este modo, encontrar maneras de explotarlos.
En este sentido, los niños corren un mayor riesgo en las instituciones mal manejadas, las cuales les permiten a los tratantes llevar adelante sus actividades dentro o fuera de ellas con impunidad. Las instituciones residenciales que son cómplices, o que se encuentran directamente implicadas en la trata de personas, se aprovechan del acceso a los menores, a sabiendas de que estos no tienen a quién acudir en busca de ayuda. En los años recientes diversos orfanatos en Oceanía, Centro America y Europa del Este han sido desenmascarados por su funcionamiento como burdeles. En uno de los casos, los niños del orfanato junto con las ONG internacionales denunciaron en detalle los casos de abusos a niñas cometidos por los trabajadores del establecimiento; en particular, sobre aquellas provenientes de comunidades rurales o indígenas, quienes eran obligadas a prostituirse durante la noche. Los grupos de la sociedad civil también han identificado trabajo forzado en instituciones residenciales. En uno de los casos, el personal del orfanato obligaba a niños con discapacidades a trabajar en proyectos de construcción y otras actividades peligrosas, tales como la esterilización de colchones sucios, bajo el pretexto de la realización de “terapia de trabajo”. En varios países, estos niños son forzados a realizar tareas domésticas en los hogares aledaños o incluso a realizar labores agrícolas.
La complicidad institucional puede incluso extenderse a la práctica del reclutamiento de niños para el establecimiento en cuestión. Los “busca niños” viajan hasta pueblos o comunidades —a menudo lugares afectados por la guerra, los desastres naturales, la pobreza o la discriminación social— y les prometen a los padres educación, seguridad alimentaria, protección y atención sanitaria para sus hijos. Sin embargo, en lugar de cumplir esas promesas, muchos orfanatos utilizan a los niños para recaudar fondos, forzándolos a realizar demostraciones para los potenciales donantes o a interactuar con ellos para conseguir una mayor ganancia. Además los orfanatos también han sabido utilizar a los niños en mala condicion de salud para generar mayor lástima y recaudación entre sus donantes.
Por otra parte, los viajeros extranjeros que desean incluir una acción caritativa en su descanso, a menudo participan de programas de “voluntariado turístico” en orfanatos, lo cual ha sido documentado por organizaciones y gobiernos como un fenómeno perjudicial. Los voluntariados por períodos cortos en estos establecimientos que son realizados por personas sin una preparación adecuada pueden profundizar el estrés emocional de los niños, e incluso pueden generar un sentimiento de abandono en el caso de los niños que ya sufren problemas de apego que se ven afectados por experiencias temporales e irregulares de relaciones sanas. Además, la comprobación de antecedentes de dichos voluntarios no es algo frecuente, lo cual puede incluso aumentar el riesgo de exposición de los niños a personas con intenciones criminales. El voluntariado turístico no solo tiene consecuencias indeseadas para los niños, sino que además las ganancias generadas a partir de los programas de pago, o las donaciones realizadas por los turistas, incentivan a los dueños nefastos de los orfanatos a aumentar sus ganancias gracias a la expansión de las actividades de reclutamiento de niños para la apertura de más instituciones. Estos orfanatos facilitan la creación de redes de trata, ya que utilizan falsas promesas para el reclutamiento y la explotación de los menores. De este modo, obtienen ganancias a través de las donaciones. Cabe destacar que esta práctica ya ha sido bien documentada en varios países, como Nepal, Camboya y Haití.
Incluso cuando un niño abandona la institución o alcanza la máxima edad permitida, la vulnerabilidad a la trata continúa, en parte debido al daño físico y psicológico que muchos menores han padecido durante la institucionalización. El aislamiento social de estos centros con frecuencia impide que los niños establezcan vínculos familiares o sociales estables y duraderos. Al negarles la oportunidad de establecer una red de contención social, de recibir una educación adecuada, la vivencia de situaciones sociales y de la vida cotidiana, el ejercicio del razonamiento cognitivo y de solución de problemas, las instituciones residenciales generan en los niños que abandonan estos centros una mayor vulnerabilidad ante las redes de trata. Algunos tratantes, al reconocer la mayor vulnerabilidad de estos niños, esperan a que abandonen estos centros o a que cumplan la edad límite de estancia en ellos para poder captarlos.
En respuesta, los gobiernos pueden adoptar medidas para proteger a los niños de esta vulnerabilidad, comenzando por asistir a las familias que enfrentan dificultades en materia de alimentación, educación y asistencia sanitaria de sus hijos y que, en consecuencia, podrían correr el riesgo de perder la custodia. Cuando resulte adecuado los gobiernos también pueden elaborar, coordinar y alentar opciones de cuidado familiar sobre el cuidado institucional. Por otra parte, los organismos de supervisión deberían exigir una observación más estricta de los hogares de los niños, para garantizar que estos cumplan las directrices internacionales y que se persiga penalmente a aquellos que promuevan o participen en redes de trata en instalaciones gubernamentales o cercanas. Los gobiernos también pueden evaluar sus leyes dirigidas a incrementar la protección de los niños con discapacidades y para fortalecer los derechos de los padres y las capacidades para promover la permanencia del niño en el seno familiar, cuando esto sea lo más beneficioso. Los países donantes pueden garantizar que la asistencia extranjera otorgue prioridad al apoyo a los programas o a las iniciativas que preserven el cuidado familiar y que no alienten a las instituciones residenciales que no cumplen con las normas internacionales. Los países donantes también pueden buscar formas de aumentar el control de las organizaciones y de las instituciones de beneficencia que canalizan dinero a instituciones residenciales del extranjero. Por otra parte, los esfuerzos de sensibilización también sirven para contrarrestar las campañas de promoción del voluntariado turístico en orfanatos, así como para informar a los grupos bienintencionados, como agencias de turismo u organizaciones religiosas, quienes sin saberlo perpetúan la demanda de niños en instituciones residenciales.
El cambio de paradigma que se aleja del cuidado institucional y que promueve el cuidado en un entorno familiar tiene sus propios desafíos, que comienzan cuando se reconoce que los familiares también podrían estar implicados en la trata de personas. Por ello, resulta fundamental contar con recursos y generar el conocimiento necesario para elaborar una respuesta que sea más propicia para la salud y la seguridad del niño. La comunidad internacional ha reconocido que ciertas opciones de cuidado comunitarias, como hogares para grupos pequeños y el cuidado familiar y comunitario, según corresponda, pueden servir como alternativas mientras se trabaja para localizar un entorno familiar permanente. Los planes de reinserción, que incluyen el apoyo continuo por parte de los recursos comunitarios, pueden contribuir a que los niños continúen desarrollándose tras ser dados de alta. Estos arreglos pueden minimizar el impacto negativo sobre el normal desarrollo de los niños, así como también su vulnerabilidad ante la trata de personas, siempre que su permanencia en este tipo de centros sea a corto plazo y en concordancia con las normas internacionales, incluidas las Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños (Asamblea General de la ONU A/RES/64/142.23 (2010)). La profundidad de la investigación que documenta estos riesgos sirve de razón imperiosa para que los gobiernos consideren apartarse del cuidado institucional, al tiempo que proporcionan los medios para que los niños logren la transición de una infancia institucionalizada a una vida adulta próspera.
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