La Sierra Tarahumara es una
región de una importancia social y ambiental muy particular, pues su gran
biodiversidad presta servicios
ambientales a los estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y el sur de Estados Unidos, tales como
retención de carbono, generación de oxigeno,
retención de agua, suelo y microorganismos, constituyendo el hábitat de
numerosas especies de plantas, plantas medicinales y una diversa fauna, facilitando
además el control térmico de la tierra, entre otros.
La tala que consideramos “legal”
la practican particulares y ejidos que cuentan con programas de
aprovechamientos forestales autorizados por la SEMARNAT, otorgados a pesar de
sus irregularidades. En este modelo de explotación forestal prevalece el punto
de vista comercial y mercantil de los bosques, olvidando que no solo son pinos
lo que hay en ellos, sino un delicado equilibrio que conforma el ecosistema, en
donde cada ser vivo cumple una función importante para mantenerla simbiosis de
la vida y que además, forma parte integral de la cosmovisión, la cultura y la
forma de vida de las comunidades indígenas que habitan en él.
Este tipo de aprovechamiento
contribuye significativamente a la devastación de los bosques, añadiendo la
falta de consulta y participación de los pueblos indígenas, poseedores
ancestrales de esos territorios. Estos actos omisos e irregulares representan una
severa y sistemática
violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas.
En este sentido, la tala ilegal
es aún más alarmante, pues se realiza sin ningún tipo de estudio o programa de
aprovechamiento y dado que las características ambientales de la Sierra Tarahumara
no permiten a los
pinos tener los niveles de recuperación de la masa forestal que ocurren en las
zonas centro y sureste del país, los bosques de Chihuahua no tienen oportunidad
de recuperarse.
La tala ilegal es un delito que
históricamente se ha cometido, pero en los últimos años se ha incrementado de
manera alarmante, e incluso, se ha constituido como la actividad económica de sustento/enriquecimiento
de algunos sectores poblacionales, como tala montes, caciques y en las últimas
décadas por grupos
delictivos. Actualmente, la zona delos municipios de Bocoyna y Guachochi es
severamente devastada con prácticas de corte a matarrasa y dichas
irregularidades no son sancionadas por las autoridades ambientales. Las
personas que viven en la Sierra Tarahumara y y quienes viajan con frecuencia,
presencian el saqueo con gran frustración y tristeza en el corazón.
La omisión de las autoridades
como SEMARNAT, PROFEPA, CONAFOR y PGR, así como de Gobierno del Estado, que
también tiene facultades en este tema, han permitido que creciera el problema
hasta este punto; las autoridades están rebasadas, coludidas, son
incompetentes, o tienen miedo, y por ello incumplen con su obligación
constitucional de prevenir y sancionar esta cadena de delitos de tala y que
permiten este saqueo.
El impacto de estas talas aun no
lo podemos dimensionar. Los daños
actuales y a futuro tienen que ver con nuestra supervivencia como especie
humana, con la limitada resistencia del ecosistema en que habitamos, y aun
cuando estemos en la ciudad, no podemos pensar que tarde o
tempranoesto no nos afectará de
manera dramática.
Por eso llamamos a la ciudadanía a
defender a quienes defienden, a dar voz a quienes no pueden pedir ayuda porque
son amedrentados y agredidos; a dar voz a los seres vivos que no se pueden
comunicar con palabras pero que gritan a nuestra conciencia. Juntos podemos
decir ALTO, ¡ni un árbol menos, paremos esto!
¡Únete a la campaña ciudadana
para mantener vivo el bosque de la Sierra Tarahumara y defenderlo de sus
depredadores! ¡Sólo unidos podremos apoyar a la gente de la Sierra que no puede
denunciar por temor a ser agredidos! Desde la ciudad ¡también podemos cuidar el
bosque!
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