Exigen replantear la política forestal y ponerle un alto a la devastación de los bosques de la Sierra Tarahumara de Chihuahua, México, que sustentan la vida y pervivencia material y espiritual de los Pueblos Indígenas
A LOS PODERES DE
LA FEDERACIÓN
A LOS PODERES DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
A LA OPINIÓN
PÚBLICA
Chihuahua
cuenta con una superficie forestal de 16.5 millones de hectáreas, de las
cuales, casi la mitad son bosques de pino y encino y selva baja caducifolia que
se encuentran ubicadas en la Sierra Madre Occidental; mientras que esta
superficie boscosa es considerada por SEMARNAT como área forestal aprovechable,
también proporciona a las comunidades de la región y del estado: agua en
calidad y cantidad, captura de emisiones de carbono, genera oxígeno, amortigua el
impacto de fenómenos naturales, regula el clima, protege la biodiversidad, es paisaje
y recreación, pero sobre todo, sustenta la permanencia de la vida comunitaria
de los pueblos indígenas que ahí habitan.
Con
la Estrategia Nacional de Incremento a la Producción Sustentable (ENAIPROS) 2013-2018,
implementada por el Gobierno Federal, se pretende aumentar de 6 a 11 millones
de metros cúbicos RTA anuales la producción maderable del país, lo que
significa un aumento del 86% a nivel nacional.
La
consecuencia de esta política que aumenta exponencialmente la autorización de
permisos de aprovechamiento forestal, implicó que entre 2011 y 2016, en 23
municipios de Chihuahua ubicados en la Sierra Tarahumara, la SEMARNAT autorizara
permisos de aprovechamiento forestal por más de 12 millones de metros cúbicos: 60.28%
más que en el sexenio anterior, durante el cual la deforestación en el estado alcanzó
31 mil hectáreas por año. En 2016 la mayor producción forestal maderable de la
zona se dio en los municipios de Guadalupe y Calvo (25.84%), Madera (18.25%),
Guachochi (13%) y Balleza (7.84%); a este aumento autorizado se le suma la tala
ilegal, que según PROFEPA corresponde a un 30% de la superficie forestal que es
explotada de manera legal; a la devastación se le suman los incendios
forestales, que según la CONAFOR, de enero a julio de 2017, ocurrieron 717
incendios en Chihuahua afectando 70,283.79
hectáreas.
Entre
2005 y 2014 se presentaron 673 denuncias ante PROFEPA, la mayoría sobre la tala
ocurrida en Guadalupe y Calvo; sin embargo, las autoridades no consignaron ni
sancionaron a los responsables. Según PROFEPA, en 2016 se presentaron 26
denuncias por tala ilegal, de éstas, en sólo 12 se multó al responsable.
Los
incendios forestales se relacionan con la tala ilegal y el control regional por
el crimen organizado; es el caso del municipio de Bocoyna, de acuerdo a la
Denuncia Pública realizada por la Diócesis de la Tarahumara el 1 de mayo de
2016.
Una serie de demandas presentadas
ante la PROFEPA culminó con un Expediente de Hechos emitido por la Comisión de
Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (2005)
en el cual se documentan las omisiones sistemáticas cometidas por la PROFEPA
ante las denuncias presentadas.
En las dos primeras décadas del
siglo XXI, a la problemática forestal mencionada, se le añade la presencia del
crimen organizado como una amenaza que se cruza con las ambiciosas metas del
sexenio de Enrique Peña Nieto, y el control autoritario de los aprovechamientos
forestales.
Quienes
suscribimos este pronunciamiento consideramos que:
1.
No han sido
eficaces las acciones de vigilancia y control del transporte de madera, ni las
tendientes a salvaguardar e inspeccionar el aprovechamiento de los recursos en
los ecosistemas forestales llevadas a cabo por las dependencias federales,
estatales o municipales, tan sólo en 2016, según la Dirección Forestal de
Desarrollo Rural 50,490 camiones con madera en rollo pasaron por las casetas de
inspección y vigilancia que tiene el gobierno del estado en diferentes puntos
del estado, sin que durante ese año se haya encontrado ninguna irregularidad.
2.
Que las
dependencias federales y estatales abocadas a ello no han ejercido el mandato
legal de prevención y combate a la extracción y tala clandestina, el ejercicio
de funciones de inspección y vigilancia forestal, imponer medidas de seguridad
y las sanciones a las infracciones que se cometan en material forestal.
3.
La política forestal vigente ha aumentado la brecha entre los que ganan por
el aprovechamiento forestal y los que solo viven de la agricultura y la pequeña
ganadería, la mayoría de éstos, integrantes de las comunidades indígenas de la
Sierra Tarahumara; es más evidente su exclusión, viven un contexto de violencia
que aumenta cada día.
A pesar del derecho a los recursos
naturales, a su uso preferente y del derecho a la consulta libre previa e
informada, reconocidos en la Constitución, en el Convenio 169 de la OIT, la Ley General
de Desarrollo Forestal Sustentable
y en la Ley de Fomento para el desarrollo
forestal sustentable del Estado de Chihuahua, en ningún caso la SEMARNAT ha consultado a las comunidades
indígenas antes de expedir permisos de aprovechamiento forestal sobre sus
territorios. Por
el contrario, la explotación forestal no ha significado beneficio alguno para
las comunidades indígenas, que no tienen voz ni voto en las asambleas ejidales,
aunque vivan dentro de ejidos y propiedades privadas.
Para poner alto a esta situación, exigimos:
1.
Una revisión y
evaluación de la política forestal en el país y especialmente en Chihuahua.
2.
La aplicación
irrestricta de la ley, por encima de cualquier política de aumento de la
productividad.
3.
La coordinación
interinstitucional para la prevención y la persecución de los delitos
forestales.
Atentamente
Comunidades y ejidos indígenas
Bosques de San Elías Repechique,
municipio de Bocoyna
Ejido de Tewerichi, municipio de Carichí
Ciénega de Norogachi, municipio de
Guachochi.
Asociaciones e instituciones
Abogadas Demócratas
Alianza Sierra Madre, A.C. ASMAC
Awé Tibúame, A.C.
Centro de Capacitación y Defensa de
los Derechos Humanos e indígenas, A.C. CECADDHI
Centro de Derechos Humanos de las
Mujeres, A.C.
Consultoría Técnica Comunitaria, A.C.
Complejo Asistencial Santa Teresita,
I.B.P.
Red por la Participación Ciudadana,
A.C.
Diócesis de la Tarahumara
c.c.p. Oficina del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos
Relator especial de la ONU sobre
Derechos Humanos y Medio Ambiente
Relatora de la ONU sobre
Derechos de los Pueblos indígenas
A la opinión
pública
Comentarios
Publicar un comentario