Como protesta ante la violación en la que incurrió la Fiscalía General del Estado al principio de división de poderes y la autonomía del Poder Legislativo, la Coordinadora de la Bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado, Diana Karina Velázquez, presentó un posicionamiento en rechazo a la intervención de los equipos de la Auditoria Superior del Estado (ASE) de Chihuahua.
Durante su exposición motivos, la legisladora denunció que la Fiscalía viola flagrantemente la autonomía de la Auditoría Superior del Estado, con la ocupación de las oficinas de la instancia, hecho con el que incurre en un desacato al principio de la "secrecía profesional", poniéndolo en riesgo sin previo procedimiento jurisdiccional y sin avisar al Congreso del Estado, del cual depende la ASE.
"La renuncia del Auditor general Jesús Esparza presentada ante la Junta de Coordinación Política para responder legalmente las acusaciones del diputado Jorge Soto, no es motivo legal para que la Fiscalía realice cateos" manifestó Velázquez Ramírez.
El posicionamiento además, explica que como organismo del Gobierno del Estado, la Fiscalía extralimitó sus atribuciones, sin fundamento legal y sin el debido respeto a los órganos directivos del Congreso, apoderándose de un sistema informático que es de uso exclusivo de la Auditoría y del propio Congreso, información que permite analizar, discutir y, en su caso, aprobar las cuentas públicas de las autoridades estatales y municipales.
"El abuso cometido por la Fiscalía es propio de la ley de la selva, donde no se respeta la institucionalidad, los procedimientos de investigación, el debido proceso penal y los valores de la división de poderes y el espíritu de colaboración entre los mismos" reiteró.
En lo que denominó como un "atropello de la Fiscalía es de proporciones nunca vistas en un régimen democrático", Diana Karina Velázquez enfatizó en que el ultraje del que fue víctima el Congreso del Estado "sólo se ve en los gobiernos autoritarios, en los regímenes policiacos, en los estados dictatoriales".
La legisladora representante del Distrito XXI con cabecera en Hidalgo del Parral, exigió a la Fiscalía General del Estado que se respete la autonomía del Congreso del Estado y que no se apodere de información que por definición constitucional y legal es reservada, a la vista del propio Congreso y de las órdenes del poder judicial competente.
"La fuerza bruta es justamente eso, "fuerza bruta". Me opongo con absoluta indignación contra la violencia de estado contra el propio estado" finalizó.
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