- Instaron a las autoridades competentes, la clausura a empresas distribuidoras de gas licuado de petróleo que funcionen al margen de la LeyDiputados locales en su Sesión Ordinaria llevada a cabo este día, instaron al Secretario de Energía y al Delegado Federal del Trabajo en Chihuahua, llevar a cabo inspecciones a las empresas que vendan, transporten, almacenen y distribuyan gas licuado de petróleo en el Estado y en caso de que funcionen al margen de la Ley, se proceda a su clausura.
Así mismo, solicitaron al presidente municipal de Ciudad Juárez y al Director de Protección Civil, implementar una campaña de información masiva dirigida a la población en general, y acciones específicas a través del Sistema Municipal de Protección Civil, que contenga las recomendaciones y medidas preventivas de protección civil para uso y manejo del gas L.P.
La iniciativa fue presentada por la diputada Liliana Araceli Ibarra Rivera, representante del distrito 9, con cabecera en Ciudad Juárez, y fue aprobada de manera urgente, debido a la importancia del exhorto.
Según las Normas Oficiales Mexicanas aplicables al tema, es obligación de las empresas dedicadas a vender, transportar, almacenar y distribuir gas licuado de petróleo, mantener en todo momento sus obras, vehículos, equipos y accesorios, en cuanto a su instalación, operación, mantenimiento y condiciones de seguridad.
"En Ciudad Juárez esto está lejos de ser una realidad, pues en los últimos meses han ocurrido varios eventos que implican explosiones de tanques o cilindros de gas, en hechos ocurridos por diversas razones, dentro de las que destacan -entre otras-: El mal estado en que se encuentran los cilindros de gas, la falta de capacitación a los empleados de las empresas expendedoras con respecto al proceso de sustitución de tanques, la ausencia de medidas de seguridad y la falta de información y conocimiento de la población en la revisión y detección de deficiencias en sus instalaciones", señaló la iniciadora.
"Todos los sucesos antes mencionados, han generado cuantiosos daños al patrimonio de los usuarios, integridad física, salud, afectaciones emocionales, incapacidades permanentes físicas e incluso la pérdida de vidas; por lo cual, es urgente que los usuarios finales, tengan conocimiento de las recomendaciones necesarias que salvaguarden su vida"; culminó.
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