- Se ajustará administración estatal a decisión de la Suprema Corte afirma secretario general
"Estamos viendo que la Fiscalía Especializada Anticorrupción que va a derivarse del Sistema Nacional Anticorrupción que promovió el presidente Peña Nieto el pasado lunes va a llevar tiempo, de tal manera que la reforma que se hizo en Chihuahua no riñe en ningún caso con el sistema nacional", declaró el secretario general de Gobierno, Mario Trevizo Salazar.
Ante la publicación en el Diario Oficial de la Federación de diversas leyes relacionadas con este tema, el funcionario estatal explicó que se da un margen de un año a los estados para adecuarse a este esquema, inclusive para el nombramiento del encargado de la Fiscalía General Anticorrupción, que depende de la Procuraduría General de la República.
"Va a llevar tiempo y en ese sentido, el Congreso del Estado que podría hacer la legislatura actual o posterior, tendrán un lapso suficiente para hacer las adecuaciones", aseveró.
Enfatizó que en el Artículo 102 de la Constitución General de la República, Apartado A, Fracción VI, Segundo Párrafo, no fue modificado por el Sistema Nacional Anticorrupción, lo que hizo el Congreso del Estado fue adecuar la Constitución Política del Estado a esa disposición.
Añadió que no obstante, la actual administración va a ajustarse a lo que diga la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se considera que se le dé marcha atrás a esa modificación legal, así se hará porque lo que menos se pretende es entrar en un conflicto de naturaleza jurídica.
Cabe señalar que ayer en el Diario Oficial de la Federación salieron publicadas la Ley General Anticorrupción, que le da un año a todas las legislaturas de los estados para hacer las adecuaciones, la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, que entra en vigor dentro de un año.
También se publicó la modificación a algunos artículos del Código Penal Federal, para establecer los delitos de corrupción y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, que será la instancia encargada de conocer las conductas ilegales de los servidores públicos.
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