El
líder estatal de Movimiento Ciudadano, Miguel Vallejo Lozano, indicó que el
estado de Chihuahua tiene una oportunidad si precedente para ser ejemplo en
materia de transparencia.
“Estamos
buscando a que se comprometan a nivel local como se está haciendo a nivel
federal, siendo la única fracción parlamentaria que el 100 por ciento de los
diputados han presentado su declaración 3 de 3 y a la brevedad a nivel estatal
estaremos haciendo lo propio”, indicó Vallejo Lozano.
Indicó
que dentro de Movimiento Ciudadano se está buscando ser ejemplo y que todos los
integrantes de Coordinadoras Municipales o en el Estado, que tengan cargos
dentro de la estructura o incluso, cargos públicos, presenten sus declaraciones
correspondientes de manera voluntaria.
Recordó
que la Ley 3 de 3 es una iniciativa ciudadana que busca obligar a los políticos
a presentar sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, y plantea directrices, además de un marco
legal de responsabilidades para la conducta ética esperada de los servidores
públicos y no sólo se queda ahí, también busca una sanción para quien no las
cumpla.
“Tambien
lo hemos incluido en la Plataforma Electoral, es un compromiso que hay y vamos
a impulsar las reformas que se tengan que realizar para que todos a nivel
estatal y municipal tengan las mismas obligaciones al respecto”, finalizó
Miguel Vallejo.
La
nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas se sustenta en nueve
ejes:
1. La obligación de presentar las
declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal para todo funcionario, de
forma periódica y pública.
2. Directrices para la conducta ética
esperada de los servidores públicos.
3. Un marco de responsabilidades único para
todo el país y los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno y
órganos autónomos.
4. Medidas preventivas basadas en las
mejores prácticas internacionales y sanciones para evitar que el sector privado
participe de actos de corrupción.
5. Mecanismos para que los ciudadanos
puedan denunciar actos de corrupción de manera segura y anónima.
6. Una clasificación de los 10 actos de
corrupción grave: soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencia,
abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia,
colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y
conspiración para cometer actos de corrupción.
7. Dotar de los recursos y herramientas
necesarias para la investigación efectiva de actos de corrupción a las
autoridades responsables. Creación de una plataforma digital que centralice
información de cualquier órgano de gobierno necesaria para la investigación
8. Sanciones severas para servidores
públicos que cometan actos de corrupción y una lista negra de consulta
obligatoria.
9. Mayor coordinación entre las autoridades
responsables de investigar y sancionar actos de corrupción. Aprovechando la
experiencia de más de 90 autoridades fiscalizadoras e investigadoras a nivel
nacional.
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