Por: Víctor M. Quintana S.
No es López Obrador, son los gobiernos priístas quienes mandan al diablo a las instituciones. La transición a la
democracia está atorada en México porque en lugar de destituir el
autoritarismo, es el autoritarismo quien destruye las instituciones
democráticas. Los caprichos y desplantes del gobernador César Duarte han sumido
a Chihuahua en la más grave crisis institucional de que se tenga memoria. No
sólo se trata del total sometimiento de los poderes al Jefe del Ejecutivo del
Estado, sino de la abyección, la pérdida de toda legitimidad, del más espantoso
ridículo que sufre lo que era el Poder Judicial del Estado.
El martes 5, el Supremo Tribunal
de Justicia se vio como el escudo de los Habsburgo: con dos cabezas. Un
presidente con licencia que dice ya la cumplió y reclama la presidencia con
todo y oficina; y otro presidente en funciones que no se quiere levantar de la
silla. Ambos originarios de Parral, paisanos y en su momento, designados por César Duarte con
la connivencia, o más bien, obediencia del pleno del Supremo Tribunal y del
Congreso del Estado.
La sumisión del Poder Judicial al Gobernador Duarte es cosa ya sabida, pero los hechos más recientes lo que
demuestran es una voluntad de aniquilar este poder, de exhibirlo como un títere
del Ejecutivo. El 8 de diciembre pasado, el entonces presidente del TSJ, Miguel
Salcido Romero pidió licencia de su cargo por haber sido designado Secretario
de Educación por el Gobernador. En su lugar fue “electo” por el pleno el
magistrado Gabriel Sepúlveda. Hay que aclarar que tanto éste como otro diputado
priísta de la anterior legislatura, más otros once, entre ellos dos apoyados
por Acción Nacional en el Congreso, entraron con calzador y al vapor al ser
retirados “voluntariamente” trece magistrados no hace ni dos años por designios
del Palacio de Gobierno.
La caída de Salcido de la Presidencia del Judicial a la Secretaría de
Educación y Cultura fue interpretada como una represalia del gobernador, por no
haber aquel aceptado recibir la obra de la recién inaugurada Ciudad Judicial
(“la más grande de Latinoamérica”, whatever
that means). Obra que superó en mucho el presupuesto inicial, se entregó
con bastante retraso y presenta serias fallas y vicios en su construcción.
Salcido no se resignó y el martes 5 estalló una resonada –aunque
efímera- rebelión contra quien lo suplió en el TSJ. En conferencia de prensa
manifestó que dejaba la Secretaría de Educación y Cultura y volvía a la
presidencia pues así se lo había pedido el pleno de los magistrados, ante las
graves deficiencias y retrasos mostradas en la conducción del Poder Judicial, y
declaró: “La prioridad es restablecer el orden de poder judicial y restablecer
una administración racional trasparente con un uso apegado a derecho de los
recursos públicos a partir de hoy”.
Sin embargo, el presidente en funciones no cedió e incluso mandó
personal de seguridad para evitar el ingreso de Salcido a la flamante y ya muy
achacosa Ciudad Judicial. Parecería que todo se precipitaba hacia un choque de
trenes…pero la montaña gimiente sólo parió un ratón. El dócil pleno del
Tribunal se reunió, ratificó a Sepúlveda como presidente hasta que termine el
(eterno) sexenio y manifestó que Salcido regresaba pero sólo como magistrado. Poco
después, Salcido acudió a entrevistarse
con Duarte y al finalizar ambos manifestaron su voluntad de solucionar el
problema y “fortalecer las
instituciones”. Pero el sainete no tuvo el final feliz que se esperaba, pues el
miércoles, Salcido declaró que renuncia al Poder Judicial y firmó su solicitud
de jubilación en Pensiones Civiles del Estado. En menos de tres años, fue
ascendido a la cima y precipitado a la
sima por los designios del gobernador. Lo peor es que con el se derrumbó la poca credibilidad
que restaba al Poder Judicial en Chihuahua
Todo esto se da en el contexto del arranque de la contienda por la
gubernatura del estado. En la que ha quedado muy claro que Duarte impuso su
aplanadora para imponer el pacto que le permita total impunidad en los malos
manejos de los recursos públicos, en el desastre financiero en que deja a
Chihuahua y en la baja de la mayoría de los indicadores de desempeño del
gobierno.
Lo malo es que todo esto no sólo sucede en Chihuahua. La destrucción de las instituciones pilares
de la democracia, la implantación de dictaduras regionales, el saqueo
sistemático de los fondos públicos, es la estrategia que Peña Nieto, el PRI y sus aliados están
implementando para repetir el ciclo de impunidad, corrupción y antidemocracia en el 2018. Ya es hora de
pararlos.
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