*Respuestas no sólo
representan una falta grave de respeto a los integrantes de este Poder Legislativo,
sino también, confirma la evidente opacidad y cerrazón de la información
pública, afirma.
“Las respuestas derivadas de la Interpelación Parlamentaria que presenté en
días pasados y relativa a la Ciudad Judicial no sólo representan una falta
grave de respeto a los integrantes de este Poder Legislativo, sino también,
confirma la evidente opacidad y cerrazón de la información pública en Chihuahua”,
así lo afirmó la diputada Ana Gómez Licón durante su intervención de este día
en el Congreso del Estado.
Lo
anterior, tras evidenciar las pobres contestaciones que dieron por escrito los Secretarios de Hacienda y de
Comunicaciones y Obras Públicas a través del Secretario General de Gobierno, y
en las cuales incumplen con los
atributos que debe poseer toda información pública como lo son la claridad,
veracidad, pertinencia, suficiencia y con
perspectiva de género.
Gómez Licón manifestó que desde hace 10 años, Chihuahua
cuenta con una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin
embargo es letra muerta al ver que prevalece la resistencia de los sujetos
obligados de dar cumplimiento a la misma ante la nula cultura de la legalidad
que existe en el respeto al marco jurídico.
“Qué ironía que el propio
órgano que crea las bases para garantizar el derecho a la información, sea
víctima de la oscuridad gubernamental. No tengo duda, que la obra emblemática
de este gobierno es la Ciudad Judicial, y es plausible su creación; sin
embargo, es sumamente reprochable que a punto de ser inaugurada, sea
prácticamente imposible conocer al detalle el ejercicio transparente de los
recursos públicos, y más aún, no es
posible que una obra que será sede de uno de los tres poderes y de esta
envergadura esté fecundada por la opacidad y la confusión”, expuso la congresista del Partido Acción Nacional.
Ana Gómez precisó que la
interpelación parlamentaria presentada días atrás contenía 8 preguntas muy concretas: el costo total de
la obra, el procedimiento de contratación, el tipo de convenios se celebraron, el costo
del equipamiento y mantenimiento del centro de justicia, así como la compra y
costo de los predios adquiridos para su construcción, y en ninguna de las
respuestas dieron contestación puntual a su solicitud.
Aunado a esta situación, la también Presidenta de la Comisión de
Participación Ciudadana destacó la poca importancia que se le dio a su
petición, toda vez que el documento contestado se puede observar la firma por
ausencia del Secretario de Hacienda, por lo que solicitó a la Presidencia del
Congreso del Estado para que de manera institucional, pida nuevamente a los funcionarios interpelados la
información en los términos establecidos en la
Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública.
H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.-
La suscrita, en mi carácter de Diputada a la Sexagésima
Cuarta Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, acudo ante esta Honorable Asamblea, a efecto de fijar Posicionamiento
respecto a la respuesta que remite a este Cuerpo Colegiado, los Secretarios de
Hacienda y Comunicaciones y Obras Públicas a través del Secretario General de
Gobierno, Mario Trevizo Salazar, derivada de la Interpelación Parlamentaria
relativa a la obra pública denominada “Ciudad Judicial”. Para hacerlo me baso
en los siguientes:
ANTECEDENTES
Desde el inicio de la presente Legislatura,
el tema de la Transparencia y Acceso a
la Información Pública ha sido una de las prioridades del Congreso del Estado y
uno de los más grandes pendientes y reclamos que ha tenido y tiene Chihuahua.
Para nuestra bancada es evidente que al
hablar del derecho de acceso a información pública se entiende que ésta debe
ser veraz, relevante, pero sobretodo que deban existir los mecanismos pertinentes
y óptimos para que sea accesible a todos los ciudadanos.
Hace ya 10
años que Chihuahua cuenta con una Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y aún vemos mucha resistencia de los sujetos obligados de
dar cumplimiento a la misma.
Hoy por hoy,
es imposible por ejemplo, conocer cada peso que se ha gastado en cualquier obra
o adquisición proveniente de una licitación pública, ya que los portales de
transparencia están muy lejos de cumplir a cabalidad el espíritu de dicha ley.
El problema
de la opacidad que priva en Chihuahua, no es por la falta de legislación; es
por la nula cultura de la legalidad que existe en el respeto a nuestro marco
jurídico.
Los servidores
públicos -sobre todo los más arraigados-, están más acostumbrados a guardar la
información en la caja fuerte, que ponerla en la vitrina de la sociedad.
Lo anterior,
viene a colación en virtud de la interpelación parlamentaria que la suscrita
presentó ante esta Representación Popular, para conocer de primera mano y por conducto
institucional, las respuestas a las dudas generalizadas de la ciudadanía en
relación a todo lo que concierne a la construcción de la llamada Ciudad
Judicial situada en la capital del estado.
El día dos de
octubre, el Secretario General de Gobierno, Mario Trevizo Salazar, remite a la Presidencia
de este Cuerpo Colegiado, el documento que contiene las contestaciones de los
funcionarios antes señalados, resaltando que da respuesta oportuna a la interpelación en comento.
Ahora bien,
antes de entrar al fondo del asunto, me voy a permitir citar textualmente, lo
que rimbombantemente señala el V Informe de Gobierno en materia de transparencia
y rendición de cuentas:
La
transparencia en las acciones, programas y en general en toda la actividad
gubernamental, continúa siendo una de las prioridades más destacables de la
presente administración.
Para una administración que aspira a la
denominación de gobierno abierto, es una prioridad que los datos, cifras,
acciones y actos administrativos en general, estén a la vista de todos y que
los particulares sean destinatarios de una transparencia cada vez más
proactiva.
Por otro lado
en el tema de la rendición de cuentas
dice lo siguiente:
Para complementar el ejercicio de gobierno,
adicionalmente las acciones emprendidas, es menester rendir cuentas de lo que
se ha realizado. La correcta aplicación de los recursos, el apego a la
normatividad, y la observación de los criterios de eficiencia, eficacia y
transparencia en la supervisión de los recursos empleados ha sido una prioridad
para esta administración.
No cabe duda
que Chihuahua es el estado de la República que mejor destaca en los discursos
cuando se trata de transparencia y rendición de cuentas; sin embargo, en los resultados muestra todo
lo contrario: un gobierno opaco y hermético. Como a continuación lo expondré:
En principio
comentarles compañeros y compañeras diputados que la interpelación
parlamentaria, contiene 8 preguntas muy concretas, que van desde el costo total
de la obra, el procedimiento de contratación, la petición de informar sobre el
tipo de convenios se celebraron, el costo del equipamiento y mantenimiento de
este centro de justicia, hasta la compra y costo de los predios adquiridos para
su construcción.
Quiero también
destacar que la información pública que proporcionen los entes públicos, deben
de cumplir con los atributos inherentes de la misma información; es decir, debe
de ser: clara, veraz, oportuna, suficiente, y con perspectiva de género.
La
información que recibió este Cuerpo Legislativo, que al fin y al cabo fue el
conducto por quien se solicitó dicha información, no cumple con ninguno de los
atributos que corresponde a toda información, pudiera decirse que quizá fue
oportuna, puesto que se entregó en el tiempo estimado, pero muy posiblemente ocurrió así porque la
mayoría de las preguntas se evadieron o simplemente no hubo respuesta.
A
continuación desgloso el documento en mención:
·
Se le cuestionó a cuánto asciende el costo total de la obra y se respondió que a la fecha se han ejercido $ 1, 205, 640,
487.78 (Un mil doscientos cinco millones seiscientos cuarenta mil cuatrocientos
ochenta pesos y siete pesos) Si se
observa se le preguntó el costo total de la obra, no cuánto se ha ejercido a la
fecha.
·
¿Cuál fue el procedimiento empleado de contratación para la construcción
de la obra?, respondiendo escuetamente, que el procedimiento fue el previsto en la
ley de la materia.
·
¿Se celebraron convenios adicionales al contrato de obra pública? De ser
así ¿qué tipos de convenios se suscribieron y el objeto de los mismos? Obtuve
por respuesta lo siguiente: En atención,
naturaleza y características de la obra se celebraron los convenios
necesarios a partir de los requerimientos planteados por el Poder Judicial del
Estado.
·
¿A cuánto asciende el costo del equipamiento del Centro de Justicia,
entendiéndose el equipo informático, mobiliario, etc., necesario para que entre
en funciones?
La contestación deja mucho qué desear: Un
proyecto de esta envergadura necesita de
los ajustes respectivos, por lo que la información definitiva podrá ser
proporcionada por el Poder Judicial y/o bien por el Poder Ejecutivo del Estado,
al concluir los trabajos.
·
¿A cuánto ascenderá el costo
de mantenimiento del centro multicitado por año? La respuesta sigue la misma
línea de la anterior: De igual manera a lo que se manifiesta en la
respuesta anterior: corresponderá en su oportunidad al Poder Judicial y/o al
Poder Ejecutivo, dar respuesta a dicho planteamiento.
·
¿Cuántos predios se tienen contemplados para la construcción de la
ciudad Judicial y si existe actualmente un conflicto para la adquisición de los
mismos?
Sin tener claridad en su contestación, manifiestan:
Se
tiene contemplada para la construcción de la Ciudad Judicial una sola unidad
topográfica.
Compañeras y compañeros diputados, si bien es
cierto que su servidora inició la interpelación, formalmente se tradujo en una petición
constitucional que esta Representación Popular, la hizo suya; entonces pues,
las respuestas recibidas, no solo representan una falta grave de respeto a los
integrantes de este Poder legislativo, sino también, confirma la evidente
opacidad y cerrazón de la información pública.
En atención a lo anterior es oportuno preguntarse ¿qué
pueden esperar las y los ciudadanos, con su derecho a la información pública?,
si a este Cuerpo Colegiado, se le ofende y se le oculta la información.
Qué ironía que el propio órgano que crea las bases
para garantizar el derecho a la información, sea víctima de la oscuridad
gubernamental.
No tengo duda, que la obra emblemática de este gobierno
es la Ciudad Judicial, y es plausible su creación; sin embargo, es sumamente
reprochable que a punto de ser inaugurada, sea prácticamente imposible conocer al
detalle el ejercicio transparente de los recursos públicos, y más aún, no es posible que una obra que será sede de
uno de los tres poderes y de esta envergadura esté fecundada por la opacidad y
la confusión.
Los legisladores de Acción Nacional, añoramos que
en un tiempo no muy lejano nadie tenga que hacer uso de las solicitudes de
información, ni interpelaciones parlamentarias, porque todo ente público deberá
exponer a cabalidad en su portal respectivo, el destino y manejo de los recursos
públicos y será hasta entonces cuando se diga que la administración estatal es
ejemplo y promotor de la transparencia.
Por último, atendiendo a que las respuestas
proporcionadas, no cumplen con los atributos que debe poseer toda información, (claridad,
veracidad, pertinencia, suficiencia y con perspectiva de género) y aunado a la
existencia de una firma por ausencia del Secretario de Hacienda, me permito
solicitar a la Presidencia para que de
manera institucional, pida nuevamente a los funcionarios interpelados, y se me brinde la información en los términos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo a los 20 días del mes
de Octubre del año dos mil quince.
Atentamente
DIP.
ANA LILIA GÓMEZ LICÓN
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