Por: Víctor M. Quintana S.
Una nueva cortina de humo recorre
este país: el “presupuesto base cero”,
presentado por la SHCP a la Cámara de Diputados. El Secretario Luis
Videgaray, llama así al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
porque con él se pretende cortar de tajo
la inercia de algunos rubros del gasto y
la inversión para no seguirlos aumentando año con año, menos ahora que la
economía nacional no crece como el gobierno de Peña Nieto ofreció que crecería
con y aun sin reformas estructurales.
Pero esta manera de programar las
finanzas del Estado no es pareja. Afecta de manera muy diferente al país de los privilegios y al país de los
derechos. Para el primero, no hay ceros ni en la base y ni siquiera en el tope.
El segundo, sin embargo, es el país con el que se ceban los recortes
presupuestales.
El
proyecto de Presupuesto a reserva de que
la Cámara de Diputados le enmiende la plana, incluye severos recortes al gasto
en rubros muy importantes:
A la
SAGARPA se le recortan quince mil millones de pesos de su presupuesto anual,
que equivalen a un 16,74% de lo autorizado para 2015. Para apoyar los precios
de los cultivos básicos como el maíz, el frijol y el trigo, le quitan mil 500
millones de pesos.
Al
programa de Prevención Social de la Violencia de la Secretaría de Gobernación, destinado a las mil
colonias más violentas del país, se le
reduce un 20% de los recursos aprobados para 2015.
En la
Secretaría de Desarrollo Social, el recorte es de 7% y desaparecen los programas Desarrollo de Zonas
Prioritarias y de Apoyo a la Alimentación. Hay una fuerte reducción al rubro de
comedores comunitarios. En educación, el
recorte es de 2%; en salud de 3.84% y la cultura, que ahora estará a cargo de
una nueva secretaría recibirá mil 949
millones de pesos menos.
En
medio ambiente y agua la situación es grave, pues la reducción de 10 mil 500
millones de pesos a la SEMARNAT provoca
la desaparición de programas vitales
como el exitoso Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales.
También desaparecen los programas de Construcción y Rehabilitación de Sistemas
de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales. Los de Rehabilitación,
Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal
Tecnificado, y de Unidades de Riego. La misma suerte corren los programas Cultura del Agua, Mejora de Eficiencia Hídrica
en Áreas Agrícolas, Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales Protegidas y
Zonas de Influencia, Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales, Monitoreo Biológico en Áreas Naturales Protegidas e
Infraestructura Hídrica. En una palabra, desaparecen o se debilitan todas las
acciones destinadas a un mejor uso del agua, a la educación en el buen empleo
de este recurso; a mejorar las prácticas
de sustentabilidad del medio ambiente.
Este
presupuesto base cero, afecta gravemente varios derechos sociales: el derecho a
la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación y a la
cultura; el derecho al agua potable y saneamiento suficiente y de buena
calidad, el derecho a un medio ambiente sano; el derecho a vivir en paz en su
lugar de residencia.
Por
el contrario, donde la “base cero” no existe,
donde los gastos inerciales siguen imperando es en ese país que sólo
conocen y disfrutan unos cuantos: el país de los privilegios.
Basta darle una revisada a las
percepciones de quienes encabezan de los tres poderes: Los ministros de la
Suprema Corte, perciben seis millones 766 mil pesos anuales. Magistrados y
consejeros de la Judicatura Federal: cuatro millones 303 mil 897 pesos, más camionetas blindadas, choferes, gastos de
representación, bibliografía. Por ese mismo rango andan los magistrados del
Poder Judicial Federal. Aunque no es quien mayores ingresos (oficiales) tiene,
el Presidente de la República casi llega a los tres millones de pesos anuales.
Si se trata del Poder Legislativo, los senadores ganan un millón 925 mil pesos
al año; diputados federales, un millón 432 mil pesos. Esto más los gastos de
oficina, transportes, comidas, etc.
También los organismos autónomos,
aquellos que fueron arrancados por las luchas de las y los ciudadanos para la
transición a la democracia, se sirven con la cuchara grande; consejeros del INE,
2 millones 987 mil anuales; 2 millones 907 mil, el presidente de la CNDH; entre
2 millones 200 mil y 2 millones 900 mil, los titulares de la CFCE, INEE, IFT,
IFAI. (La Jornada, 9 de septiembre nota
de Enrique Méndez, Roberto González y Roberto Garduño).
Terrible paradoja: el país de los
derechos genera a estos organismos para hacer más efectivos precisamente los
derechos, pero quienes los encabezan pasar a ser de inmediato integrantes
conspicuos del país de los privilegios.
Las cosas no terminan ahí porque
hay todo un proceso de reproducción de los privilegios políticos. Quien se
instala en uno de los millonarios puestos arriba señalados tiene todo el apoyo
del sistema para continuar ahí por los siglos de los siglos. Por ejemplo, los
legisladores cuentan con amplios recursos para promover su imagen, para poder
apuntalar su campaña al próximo puesto, ahora está de moda que anuncien con
profusión de espectaculares y spots su “informe anual” que la mayor parte de
las veces es autocelebratorio, sin ninguna instancia ciudadana que los evalúe,
como se evalúa a los maestros, universitarios, e investigadores.
Hasta ahora la Cámara de
Diputados no da trazas de terminar con el país de los privilegios. Aunque
MORENA ha hecho anuncios importantes en el tema, aun es demasiado poco. No
basta quitar los seguros de gastos médicos mayores o los viajes, ni siquiera
destinar una parte importante de las dietas a becas. Si de tajo no se termina
con este rango de percepciones para unos cuantos, el país de los privilegios
seguirá aplastando al país de los derechos. Seguiremos
siendo una democracia base cero.
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