El pasado 27 de noviembre del año 2014 el Presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer el “Decálogo para Fortalecer la Seguridad, Justicia y el Estado de Derecho” en el cual propone 10 medidas o acciones en las que comprende el Plan de Legalidad y Justicia, esto derivado de los lamentables acontecimientos acaecidos el 28 de septiembre del 2014, donde se vieron afectados estudiantes de la Escuela Normal Rural: “Raúl Isidro Burgos”, en Ayotzinapa, comunidad ubicada en el municipio de Tixtla del estado de Guerrero.
En el punto marcado con el número cuatro del mencionado documento se estableció un número telefónico único para emergencias a nivel nacional que permitiera contar con un medio eficaz para pedir auxilio en caso de urgencia. Se propuso el número 911 en sustitución del 066 ya que es más reconocido a nivel mundial.
Pero a pesar de que la Ley federal de Telecomunicaciones ya fue promulgada, el decálogo fue dado a conocer por el Presidente, junto con el Plan de Legalidad y Justicia y Preservación del Estado de Derecho, los intentos del año 1996 y del año 2002 de establecer un teléfono único para emergencias, aun no ha prosperado.
Es por ello que el Diputado Gustavo Martínez Aguirre lanzó un exhorto al Poder Ejecutivo Federal, para que por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Sistema Nacional de Seguridad Publica, informen a la opinión pública y a esta Soberanía, el estado que guarda la instalación y operación de dicho número, conforme a lo establecido en el artículo 190 fracción IX de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, promulgada el 14 de julio del año 2014 en el cual se establecen los términos y condiciones con los que operará este número de emergencia.
Cabe recordar que en el año 2002, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, acordó que los servicios de emergencia en toda la república, operasen bajo un sólo número de acceso, el 066, mismo que no ha sido posible implementar totalmente en el país ya que el IFETEL no asigna nuevos códigos de marcación con prefijo “0” para las emergencias.
Ante todas estas eventualidades, desinterés y omisiones, la realidad es que por una u otra causa, aún no ha sido posible la coordinación efectiva y puntual entre las áreas locales de seguridad, el Consejo Nacional de Seguridad Pública con los centros poblacionales. Las incidencias de emergencias en el país, tienen 20 años en los cuales no ha sido posible implementar un número único para atender como es debido. Implementar este número 911 no es cuestión de publicidad, si no de operatividad, un tema de política pública donde el estado debe hacer las inversiones e intervenciones necesarias para que este funcione a la brevedad, finalizó el diputado Gustavo Martínez Aguirre.
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