El diputado Rosemberg Loera
Chaparro, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presentó un punto
de acuerdo mediante el cual se pide exhortar respetuosamente al Gobierno del
Estado de Chihuahua para que, a través de las Secretaría de Desarrollo
Social, de Trabajo y Previsión Social y
de Salud, promuevan ante las autoridades competentes del Ejecutivo Federal
la asignación de recursos adicionales al presupuesto para el
ejercicio fiscal en curso, con el fin de
fortalecer la posibilidad de garantizar a los trabajadores chihuahuenses
del medio rural y sus familias, el derecho humano a la seguridad social.
Así mismo para que, a
través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, realice un análisis de las condiciones
laborales y prestacionales bajo las cuales se desempeñan los chihuahuenses del
medio rural, dedicados a la actividad agropecuaria, con el propósito cumplir
con la obligación constitucional de garantizar y proteger el derecho a la
seguridad social.
Lo anterior, a partir de la premisa básica de la protección al ser
humano, y acorde a los principios de solidaridad, universalidad, participación, igualdad, suficiencia,
obligatoriedad, unidad y equidad establecidos en tratados internacionales, así
como en nuestra Carta Magna bajo la premisa de la justicia social.
A pesar de que la Ley del
IMSS debe incluir como ninguna otra ley a los campesinos y a los no asalariados
y sus familias, además de la protección y el bienestar social de los
trabajadores afiliados, para otorgarles
seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del
trabajo, de enfermedades y accidentes y
de servicios de guardería, entre otros.
Sin embargo, el escenario
de la garantías y protección a los mexicanos respecto al derecho
fundamental de la seguridad social, no
ha logrado alcanzar el objetivo de la universalidad, situándose, de acuerdo al
CONEVAL, en una cobertura a nivel nacional del 60.7% de la población, lo cual
nos habla de la enorme necesidad que existe de que el gobierno implemente
políticas públicas de mayor impacto para poder avanzar hacia la meta propuesta.
“Vinculada
a esta insuficiencia, nos encontramos al
sector rural, en donde los trabajadores agrícolas, ganaderos, forestales y
demás trabajadores del campo han estado
tradicionalmente excluidos de la seguridad social, elevando los indicadores de
la desatención institucional respecto al derecho fundamental señalado”, abundó
el legislador.
Agregó
que la seguridad social podrá seguir siendo conceptualmente la misma, sin
embargo en el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, coincidimos con
los analíticos del tema en relación a que en la práctica, es evidente insistir
ante las instituciones responsables del trabajo y de la seguridad social, así
como a las de desarrollo social, y de salud respecto a la necesidad de realizar
actividades de gestión financiera para que la distribución presupuestal impacte
a Chihuahua de manera equitativa.
El diputado Rosemberg Loera Chaparro presentó el día de hoy un exhorto a la Secretaría de Desarrollo Social, de Trabajo y Previsión Social y de Salud a fin de que se realice un análisis de las condiciones laborales y prestacionales bajo las cuales se desempeñan los chihuahuenses del medio rural, dedicados a la actividad agropecuaria, así como pedir a las autoridades competentes la asignación de recursos adicionales al presupuesto para el ejercicio fiscal en curso, con el fin de fortalecer la posibilidad de garantizar a los trabajadores chihuahuenses del medio rural y sus familias, el derecho humano a la seguridad social.
Ya que a pesar de que nuestro país ha suscrito diversos acuerdos internacionales y la seguridad social es considerada como derecho fundamental y fue incluida en el artículo 123 de nuestra Carta Magna bajo la premisa de la justicia social, de acuerdo al CONEVAL, apenas se cuenta con una cobertura a nivel nacional del 60.7% de la población, lo cual nos habla de la enorme necesidad que existe de que el gobierno implemente políticas públicas de mayor impacto.
Vinculada a esta insuficiencia, nos encontramos al sector rural, en donde los trabajadores agrícolas, ganaderos, forestales y demás trabajadores del campo han estado tradicionalmente excluidos de la seguridad social, elevando los indicadores de la desatención institucional respecto al derecho fundamental señalado. Derivado de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Censo 2010, en México, 48 millones 203 mil personas realizan alguna actividad económica; sin embargo, 28 millones 867 mil se encuentran en la informalidad; de ellos, el 21.8%, o sea 6.3 millones de personas, trabajan en el ámbito agropecuario.
Resalta en los indicadores de carencia social asociados a la medición de la pobreza multidimensional, entre los municipios en los cuales se presenta la mayor carencia de seguridad social que rebasan el 80 por ciento y llegan a superar hasta el 95 por ciento en la desprotección institucional de este derecho humano, están los de Morelos, con un 96%; Guadalupe y Calvo, con un 94.5%; Balleza, con 92.8%; Batopilas, con un 95%; Urique, con un 91.7%; Guazapares, con un 91.3%; Carichi, con un 91%; Huejotitán, con un 90.8%; Guachochi, con un 89.3%; Coyame con un 86.6%; Galeana, con un 87.8%; Moris, con un 85.3%; Janos, con un 84.1; Santa Isabel con un 82.9%; y Chínipas, con un 81.8%; lo que nos muestra una realidad ineludible: el sector rural en Chihuahua, como en el resto del país, debido a la inequitativa distribución social de la riqueza, es uno de los más desprotegidos.
Es por ello que coincidimos con los analíticos del tema en relación a que en la práctica, es evidente insistir ante las instituciones responsables del trabajo y de la seguridad social, así como a las de desarrollo social, y de salud respecto a la necesidad de realizar actividades de gestión financiera para que la distribución presupuestal impacte a Chihuahua de manera equitativa; esto es, siendo más solidarios con quienes menos tienen, finalizó el diputado Rosemberg Loera Chaparro.
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