El diputado Rosemberg Loera Chaparro, presentó ante el
Congreso local, su posicionamiento ante los hechos ocurridos en días pasados, en
que se rescató a más 200 indígenas que laboraban en condiciones ilegales,
insalubres y de miseria salarial en los campos agrícolas de Comondú, en Baja
California Sur.
El también presidente de la Comisión Legislativa de
Derechos Humanos, ha estado atento al seguimiento y atención que las
instituciones gubernamentales, tanto federales como de nuestra entidad han dado
al asunto que nos ocupa.
Asimismo, reconoció que el Ejecutivo Estatal a través
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría de
Desarrollo Social, acudieron hasta el lugar de los hechos de manera inmediata,
teniendo una actuación afortunada y oportuna ante la lamentable situación que
presenta señales de explotación en contra de nuestros hermanos tarahumaras, lo
que incluso pudiera llegar a ubicarse dentro del tipo penal de trata de
personas.
“Actores importantes en la responsabilidad
gubernamental de nuestro estado, ante estos hechos desafortunados, han
planteado que en los campos agrícolas de Chihuahua, los jornaleros migrantes no
viven situaciones tan lamentables como
las que quedaron al descubierto en Baja California, y se han presentado datos
que manifiestan un quehacer institucional dedicado a la protección y el cuidado
de los trabajadores del campo en condición de migrantes”, explicó.
Además, aclaró que no se puede negar que en nuestra
entidad hay avances en relación al tema, ya que con el apoyo de recursos del
gobierno federal y con inversión estatal, se han construido 14 albergues para ofrecer dormitorio, comedores,
espacios educativos y estancia a las familias de los jornaleros, y también es
cierto que las acciones de inspección se han incrementado, reduciendo los casos
en los que se atenta contra la dignidad y los derechos humanos de los
jornaleros migrantes.
Sin embargo, dijo que se debe ser muy realistas y reconocer las
debilidades propias de toda sociedad en desarrollo, para asumirlas y
enfrentarlas con el liderazgo que caracteriza a los responsables de los
destinos de nuestra sociedad.
“En el mes de noviembre pasado, quedaron en evidencia
sucesos similares en la región de Ojinaga, que nos mostraron una realidad que
puede ser replicada en otros espacios de la entidad si no permanecemos atentos;
en aquellas fechas, el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza presentó
una propuesta aprobada por el Pleno de este H. Congreso de manera unánime, para
exhortar a las instancias competentes, a fin de
que se efectuaran acciones inmediatas con el propósito de cumplir con su
responsabilidad establecida en los Tratados Internacionales, la Constitución y
la Ley Federal del Trabajo, respecto a la garantía del derecho al trabajo digno
de los trabajadores jornaleros migrantes y sus familias”, detalló.
Asimismo, recordó que en el mes de julio de 2014,
exhortaron a las autoridades competentes del orden federal y local para que, a
través del esfuerzo conjunto, coordinasen acciones que permitan construir un albergue y otorgar apoyos de salud y
alimentación en la ciudad de Guachochi, para las familias de los pueblos y
comunidades indígenas y rurales de la región, que en el proceso de tránsito
hacia los campos agrícolas de la Entidad o del País, acuden en busca de empleo
como jornaleros agrícolas, sin tener resultados al respecto.
Por ello, desde esta tribuna, hizo un respetuoso
llamado para que en Chihuahua, las instituciones responsables del Trabajo y la
Seguridad Social y las de Desarrollo Social, así como las Delegaciones
Federales del ramo, para que mantengan e intensifiquen los esfuerzos
institucionales aplicados hasta ahora en la protección de los trabajadores del
campo, de tal suerte que permitan cumplir con el precepto constitucional que
obliga a las autoridades desde los diversos ámbitos de competencia, a promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los jornaleros
agrícolas migrantes de Chihuahua y de otras entidades.
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