"Ante el informe del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), el gobierno mexicano debe dar una repuesta objetiva y acatar las observaciones, pues al ser parte del problema como lo indica el informe, tiene que actuar para ser ahora parte de la solución".
Así lo dijo la Vicecoordinadora del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Lilia Aguilar Gil, quien indicó que el diagnóstico de la CEP se realizó no solo con base a la información que el gobierno mexicano proporcionó, sino también con la que las víctimas dieron.
La legisladora, quien es integrante de la Comisión Especial que investiga el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, indicó que la primera acción a realizarse es que el Estado debe aceptar que los ciudadanos pueden quejarse ante la CEP, ya sea individual o colectivamente, sobre casos de desapariciones. Esto lo dijo, como parte de las a obligaciones que tiene el país como firmante de tratados internacionales.
"El Estado debe reconocer que hay desapariciones forzadas no solo en el estado de Guerrero como aseguró el procurador, sino en todo el país, se debe admitir también cuántas desapariciones, qué niveles de gobierno del Estado participan y hacer el padrón que pide la CEP, el cual nosotros también hemos solicitado a la Procuraduría desde hace mas de un año", explicó.
Aguilar Gil también puntualizó que respecto a las adecuaciones legislativas sobre este tema, existe en la Cámara Alta una iniciativa sobre el tema, sin embargo lo único que hace es una recomendación para hacer una ley general de desaparición forzada y homologar los delitos en los estados.
Por lo anterior, la legisladora enfatizó que se debe dar en lo inmediato trámite a las iniciativas que están proponiendo la tipificación de la desaparición forzada según los estándares internacionales, las cuales ya están en la Comisión de Justicia listas para dictaminarse.
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