Incorporación de litigantes, investigadores y académicos al poder judicial, es un avance democrático: Fierro Beltrán
“El compromiso de modernidad en el
Poder Judicial, que se ha establecido con las reformas constitucionales, es un
avance democrático, eficiente y que responde a las expectativas de una
impartición de justicia más pronta, expedita y transparente”, afirmó el
Licenciado José Alfredo Beltrán, primer vicepresidente de la CONCAAM.
“La reforma Constitucional aprobada
por el Congreso del Estado y que seguramente será ratificada por los 67
Ayuntamientos, constituyeun nivel superior de desarrollo en la vida
interna del Poder Judicial, porque entre otras cosas, reconoce la importancia,
capacidad y profesionalismo de los litigantes del Foro Jurídico, los académicos
e investigadores, al establecer que las ternas para elegir a magistrados, sea
una para integrantes del Poder Judicial y otra para litigantes y abogados
externos”.
El Licenciado José Alfredo Fierro
Beltrán, destacó que “Chihuahua una vez más se coloca a la cabeza de las
reformas trascendentales en materia de administración de justicia, al establecer
las bases para renovar a un poder Judicial que tenía la necesidad de adecuarse
a una exigencia, cada vez más fuerte de la sociedad, por contar con un Sistema
de Impartición de Justicia moderno, con mayor democracia, más eficiente y con
mayor apertura.
Sobre la inamovilidad de los magistrados y la duración de 15 años en el
cargo, Fierro Beltrán, señaló como un acierto el que se haya definido tanto el
tiempo de 3 lustros de manera ininterrumpida, porque cumple con la finalidad de
asegurar la independencia e imparcialidad en el cumplimiento de su función y
además brinda la certeza de que no van a ser removidos arbitrariamente de sus
cargos.
“Una de las demandas más sentidas de la sociedad es siempre el renglón
de la aplicación de justicia; seguir combatiendo la impunidad, el retraso en
las sentencias y los procedimientos anacrónicos en algunas ramas del derecho,
que seguramente con la entrada en vigor de las reformas que establecen la
oralidad en los juicios civiles y familiares, podrán superarse, y que ahora son los pendientes a resolver, pero de manera
conjunta, tanto autoridades y organizaciones gremiales de abogados, porque el
imperativo democrático actual, exige una responsabilidad compartida entre los
integrantes del Foro Jurídico, académicos, investigadores y las autoridades
judiciales
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